En Guerrero, 95 mujeres fueron asesinadas entre enero y el 21 de octubre de 2026 en hechos con presunción de feminicidio, de acuerdo con un conteo de organizaciones defensoras, mientras que el registro oficial reportó 15 feminicidios de enero a septiembre. La diferencia refleja los obstáculos para investigar, clasificar y sancionar la violencia feminicida en el estado.
La situación también está marcada por la falta de personal especializado, las omisiones en las investigaciones, el miedo a denunciar y la reclasificación de asesinatos violentos de mujeres como otros delitos. En regiones como La Montaña, las familias deben enfrentar además distancias, costos y barreras institucionales para acceder a la justicia.
Una brecha persistente en las cifras
El conteo de homicidios dolosos contra mujeres con presunción de feminicidio ubica a Acapulco como el municipio con más casos, con 37; le siguen Chilapa, con seis, y Chilpancingo y Atlixtac, con cuatro cada uno. Los hechos se distribuyen en 28 municipios.
La diferencia entre los registros se ha repetido durante los últimos años. En 2025 se contabilizaron 113 asesinatos violentos contra mujeres frente a 20 feminicidios oficiales; en 2024 fueron 175 frente a 22; en 2023, 138 frente a 15, y en 2022, 106 frente a 12.
La Montaña: asesinatos e impunidad
En la región de La Montaña se han documentado al menos 168 asesinatos violentos de mujeres entre 2016 y 2026. De esos casos, únicamente cuatro llegaron a una sentencia condenatoria, mientras que siete órdenes de aprehensión permanecen sin cumplimentarse.
La atención institucional también es limitada. Para una región con más de 400 mil habitantes existe una sola unidad especializada, nueve agencias del Ministerio Público del fuero común y 22 agentes. No hay una agencia destinada a investigar delitos federales.
En una década, solo dos asesinatos violentos de mujeres fueron clasificados e investigados como feminicidio desde el inicio. El acompañamiento jurídico a las familias permitió reclasificar otros ocho casos que originalmente no habían sido considerados como feminicidios.
El caso de Martha
Martha, nombre ficticio para proteger a la víctima y a su familia, había regresado a la casa que compartía con su esposo después de haberse mudado con sus padres debido a la violencia que sufría. El 2 de febrero de 2025 fue encontrada muerta y la primera versión indicó que había caído en un lavadero.
La familia detectó moretones, lesiones en el rostro y la cabeza, marcas en el cuello y otras señales de violencia. Sin embargo, un primer dictamen estableció que no había lesiones y que la muerte no era consecuencia de un delito.
La madre de Martha insistió en que se realizara una nueva investigación. Después de obtener una orden judicial y reunir 35 mil pesos, logró que se practicaran la exhumación y una segunda necropsia, cuyos resultados confirmaron fracturas en el rostro y lesiones en las costillas.
La denuncia de las familias
La resistencia para clasificar los casos como feminicidios afecta las estadísticas, pero también la confianza en las instituciones. Las organizaciones defensoras advierten que las tentativas de feminicidio pueden ser registradas como lesiones agravadas, lo que reduce la visibilidad de la violencia extrema contra las mujeres.
La falta de justicia tiene consecuencias para las familias. Hijas e hijos pueden abandonar sus estudios, mientras que los familiares enfrentan impactos económicos, emocionales y sociales que no se resuelven únicamente con atención psicológica.
Tras la confirmación del feminicidio de Martha, la Fiscalía inició una investigación e inspeccionó el lugar del crimen el 20 de octubre de 2026. Al concluir la diligencia, la madre de la víctima fue atacada a tiros por el esposo de su hija y resultó herida en un hombro; el hecho se investiga como feminicidio en grado de tentativa.