El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que sus diez consejerías acordaron preparar una presentación ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se deslinden responsabilidades por presuntas irregularidades en contrataciones y actuaciones de funcionarios durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del organismo en octubre. La consejera presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, dijo que el trámite se buscaría realizar a más tardar el miércoles 4 de noviembre; la decisión sobre posibles responsabilidades corresponde a las autoridades competentes.
El anuncio ocurre en medio de cuestionamientos por contratos otorgados a empresas proveedoras de materiales electorales y por relaciones entre empresarios y funcionarios del instituto. Los señalamientos difundidos incluyen documentos de contratación, auditorías, testimonios e imágenes y grabaciones de reuniones; por sí solos, estos elementos no constituyen una resolución judicial ni acreditan responsabilidad penal.
Contratos y señalamientos bajo revisión
Entre las empresas mencionadas en las investigaciones periodísticas figuran Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales y Seriplast México, vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas. Los reportes describen contratos adjudicados a compañías del grupo en distintos organismos electorales locales, así como procedimientos que habrían simulado competencia entre firmas relacionadas.
Las cifras citadas corresponden a contratos y periodos distintos: se han reportado más de mil millones de pesos en adjudicaciones a empresas del grupo en al menos 13 organismos electorales locales y más de 123 millones de pesos en contratos del INE y de varios organismos locales durante 2025 para producir materiales de la elección judicial. También se ha señalado un contrato multianual para fabricar credenciales para votar, con un monto máximo reportado de mil 173 millones de pesos. Estas cantidades no deben sumarse como si describieran una sola adjudicación.
También se difundieron imágenes y grabaciones de reuniones en las que aparecen Taddei y Hernández Casillas, así como un video en París en el que el empresario aparece con Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la exfuncionaria. La difusión de estos materiales intensificó las preguntas sobre posibles conflictos de interés y la relación entre responsabilidades públicas y vínculos personales; cualquier conclusión depende de las investigaciones.
Auditorías y revisión interna
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa operaciones del INE y, según lo informado por el instituto, las pesquisas abarcan periodos anteriores a la llegada de Taddei en 2023. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, si una auditoría identifica hechos posiblemente delictivos, estos deben remitirse a la FGR; las responsabilidades administrativas seguirían la vía correspondiente.
En paralelo, el INE informó que hasta el 3 de noviembre sumaban 30 renuncias de personal, 17 de ellas de integrantes de la oficina de Taddei. Las consejerías mantienen una revisión de puestos directivos, relaciones funcionales y procesos de contratación, y han indicado que buscan determinar responsabilidades sin anticipar culpabilidades.
La presentación anunciada ante la FGR abre una etapa de revisión institucional, pero no equivale a una acusación formal contra una persona específica ni a una determinación de culpabilidad. El alcance de los hechos y la eventual existencia de faltas administrativas o delitos deberán establecerse mediante las auditorías y los procedimientos legales.