Un grupo de 10 personas detenidas durante la protesta por la calidad del agua en Guadalajara, Jalisco, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de tortura, abuso de la fuerza, humillaciones y amenazas ocurridos el 11 de octubre. Las víctimas también pidieron que la investigación sea atraída por la autoridad federal y que se sancione a los funcionarios responsables.
Las denuncias se relacionan con el operativo desplegado frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, donde fueron llevados decenas de manifestantes después de que policías utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para dispersar la movilización contra el suministro de agua sucia en la zona metropolitana de Guadalajara.
Testimonios sobre las detenciones
La abogada Adriana Gabriela Arriola Dueñas relató que una agente habría sometido y ahorcado a otra detenida frente a personas de organismos de derechos humanos, bomberos, paramédicos y otros policías. También afirmó que fue trasladada a Casa Jalisco junto con su hija de 19 años y que permaneció retenida durante aproximadamente 12 horas.
La doctora Daniela Álvarez Zepeda describió el encierro de alrededor de 40 manifestantes en un cuarto de aproximadamente cinco metros por cinco. Según su testimonio, una joven sufrió convulsiones y no se le permitió intervenir de inmediato para ayudarla, mientras algunas agentes cuestionaban la gravedad de su estado.
Las denunciantes también señalaron golpes, insultos, vejaciones y amenazas. Arriola aseguró que durante su retención les dijeron que serían desaparecidos y que las autoridades tenían fotografías y nombres de los participantes.
Investigaciones abiertas
Las víctimas informaron que además declararon ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que atrajo la queja relacionada con los hechos. La investigación federal busca esclarecer la actuación de policías, funcionarios y personas señaladas como posibles infiltradas durante la protesta.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, por su parte, informó que su revisión no clasificó los hechos como tortura, mientras que la CNDH mantiene abierta la indagatoria nacional. Esta diferencia forma parte de las controversias que deberán resolverse con testimonios, certificados médicos, videos y otros elementos de prueba.
Las personas denunciantes exigieron investigar al gobernador Pablo Lemus y a los mandos de seguridad estatal, incluido el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández. La Fiscalía General de la República deberá determinar si existen elementos para asumir el caso y establecer las responsabilidades correspondientes.